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EL MODELO NEOLIBERAL CHILENO IMPIDE REFORMAS LABORALES PROFUNDAS.

Artículos, Sin Anestesia

LO OCURRIDO CON LAS INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS ES UNA DEMOSTRACIÓN EVIDENTE DE CÓMO EL MODELO ECONÓMICO IMPUESTO POR LA DICTADURA EN 1978 REDUJO UN DERECHO MUY SENTIDO POR LOS TRABAJADORES. 

El ordenamiento legal e institucional de un país debe ser coherente, armónico y compatible con el sistema o modelo político y socioeconómico escogido, concertado, aceptado o impuesto. Luego, las reformas que se pretendan siempre tendrán que guardar un equilibrio con aquel modelo. Así, por ejemplo, si una legislación laboral se inserta en un régimen neoliberal, las reformas a aquélla deben guardar la necesaria coherencia con éste. Pero si las modificaciones importan un contrasentido con el modelo, habrá que definir los cambios o ajustes al mismo, a fin de que guarden la debida sintonía.

Nadie tenía muy claro este principio cuando el Ministro de ODEPLAN de Pinochet, Roberto Relly,  hizo público el famoso plan bautizado con su nombre -y conocido por sus autores como «El Ladrillo». En esa oportunidad, Kelly manifestó en su discurso que había que adecuar la legislación laboral al nuevo modelo económico que se llevaría adelante, fijó la pauta de lo que serían innumerables reformas laborales que cambiaron radicalmente las leyes del trabajo. El nuevo cuerpo de disposiciones, dictado en 1978 (DL 2.200) y 1979 (DL 2756 a 2760), denominado “plan laboral” y que, en lo esencial, ha regulado los derechos individuales y colectivos de los trabajadores hasta hoy día -porque los cambios posteriores, obviamente, no pudieron ser más que cosméticos- es reflejo de la coherencia entre dicha legislación y el modelo económico neo liberal impuesto.

A pesar de los 24 años de democracia con gobiernos de inspiración humanista, no se tiene señales de un giro hacia un verdadero modelo de economía social de mercado que, por un lado, haga la vida más social, humana, justa y equitativa y que, por el otro,  posibilite reformas laborales mucho más profundas.

Botón de muestra: las Indemnizaciones por Años de Servicios (IAS)

Un botón de muestra de la coherencia del plan laboral con el modelo económico vigente, respecto de los derechos de los trabajadores lo tenemos con las indemnizaciones por años de servicios sobre cuyo futuro, hasta estos días, surgen voces interesadas en ponerles fin. Aspiración muy coherente con la supresión del “derecho al trabajo” en la Constitución de 1980, la que desde ese año sólo garantiza “la libertad de trabajo y su protección”. Coincidente, también, con los dogmas del neoliberalismo. Pero, contrario, a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que en su artículo 23 garantiza el derecho al trabajo.

Vamos, pues, al ejemplo de las indemnizaciones. Antes del DL 2.200 de 1978 no hubo discusión sobre la existencia y compatibilidad de los dos tipos de IAS: las convencionales  “a todo evento” y las legales.

Indemnizaciones convencionales o contractuales.

Las convencionales se pactan, generalmente, en contratos colectivos de trabajo. Y de manera ocasional en un contrato individual. Se caracterizan por su pago “a todo evento”, es decir, por la causal de renuncia del trabajador, o bien, sin importar la causal de término del contrato de trabajo. Se trata en definitiva, de un beneficio que forma parte del sistema de remuneraciones acordado entre un empleador y sus trabajadores. Por eso, existe obligación de provisionarlas en los estado financieros de las empresas. Su pacto más común es el conocido “mes por año”. Podrían definirse como “la decimotercera remuneración mensual de cada año, cuyo pago se posterga hasta el término de los servicios”. Las indemnizaciones contractuales nunca han sido propiamente “indemnizaciones”, vocablo que sugiere “la reparación de un daño o perjuicio”. Constituyen «el ahorro sistemático» que el trabajador hace mientras presta sus servicios para cuando se retira de la empresa.

Indemnizaciones legales.

Las legales las ha establecido la ley. Tienen la naturaleza jurídica de una sanción pecuniaria que el juez impone a un empleador que ha despedido, injustificadamente a un trabajador. Se trata, pues, de una verdadera indemnización, ya que con ella se busca reparar el perjuicio que el empleador ocasiona con el despido arbitrario. Por esta razón las IAS legales no forman parte de la estructura de las remuneraciones ni pueden ser provisionadas por las empresas.

Hasta el DL 2.200 de 1978,  las IAS legales tenían como piso “un mes por año”. No tenían un techo máximo. De tal modo que el juez podía aplicar sin límites montos superiores al “piso” cuando estimaba muy injusto el despido. Así la ley protegía el derecho al trabajo frente al abuso.

Fuerte deterioro e incompatibilidad de indemnizaciones

A partir del mencionado DL, se produjo una escalada de recortes a las IAS. Los más violentos: se fijó un tope máximo a la legal, hoy día, de 11 años de servicios indemnizables. Se habilitó al empleador para despedir por desahucio o necesidades de la empresa con la única obligación de pagar al trabajador esa indemnización legal  sin que éste tenga, en la práctica, derecho de reclamar ante el juez. Y se dispuso, también, la incompatibilidad de la indemnización legal con cualquiera indemnización convencional. El trabajador despedido quedó nada más que con el «derecho de optar», en su caso, por una u otra.

Ahora bien, si las IAS convencionales y las legales, como ha quedado en evidencia, responden a naturalezas jurídicas tan opuestas y distintas resulta una aberración la vigencia de una incompatibilidad entre ellas ya por 36 años. No es lícito, pues, que un empleador que despide injustificadamente a un trabajador le pague con la indemnización convencional a que éste tenga derecho, porque la sanción pecuniaria de la que aquél se hace acreedor por su acto arbitrario la está financiando con “el ahorro por años de servicios” del mismo trabajador.

La existencia de situaciones como ésta, generadas por el ingenio voraz del pensamiento neoliberal, no pueden ser aceptadas. El que despide sin causa justificada debe ser sancionado e indemnizar con plata de su bolsillo. Y los ahorros que logren los trabajadores mediante sus «IAS convencionales» son intocables.

La conclusión lógica, entonces, para quienes profesamos los ideales del humanismo, es que debe terminarse con la incompatibilidad entre una indemnización legal y una convencional. Y, asimismo, que debe confrontarse a los pregoneros del fin de las indemnizaciones y a quienes dicen tener un pensamiento humanista, pero tienden a encantarse con los sueños neoliberales.

Nadie.

La discución se ha cerrado.

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